Los enfrentamientos en el centro del país en los últimos días han terminado con la vida de 75 personas, que se suman a la lista de más de 1.500 fallecidos en lo que va del año, según la ONU. Entre tanto, la Cruz Roja señala que las pandillas controlan el 80% o “hasta el 85%” de Puerto Príncipe, mientras la crisis humanitaria sigue agudizándose, con oenegés cerrando sus actividades en la isla debido a la violencia.
Tomado de France 24
Maximiliano Pérez Gallardo
Viernes 11 de abril de 2025
La violencia criminal y la debacle estatal siguen atormentando a la ciudadanía en Haití. Los enfrentamientos entre las pandillas y lo que queda de las fuerzas gubernamentales en los últimos días han resultado en el asesinato de al menos 75 personas, entre las que figuran 60 pandilleros y dos oficiales, según un reporte de la Policía.
Aunque la violencia se extiende por todo el país, los municipios de Mirebalais y Saut d’Eau —ambos en el centro del país— han sido los escenarios principales de los encontronazos violentos protagonizados por miembros de Vivre Ensemble, coalición de pandillas que aterroriza al país.
Al menos 12 municipios en el país han sido gravemente afectados por la violencia en las últimas semanas, según Frédérique Océan, delegado municipal.
“El trabajo continúa. Seguimos haciendo retroceder a las bandas para obligarlas a abandonar la ciudad definitivamente”, expresó Délin Boyer, director del departamento del centro de la Policía Nacional, añadiendo que cinco de los asesinados fueron linchados por civiles.
Desde el asesinato del expresidente, Jovenel Moïse, en 2021, Haití experimenta una crisis multidimensional sin precedentes en el hemisferio occidental, que parece haber olvidado a la nación caribeña.
Hasta el momento, el país cuenta únicamente con una misión multinacional de Naciones Unidas para reforzar las filas de las fuerzas de seguridad estatales, pero que no ha sido eficaz para hacer mella en la violencia.
Manifestantes cerca de objetos en llamas en una calle de Puerto Príncipe, Haití, el 27 de marzo de 2025. Haití, el país más pobre de América, se vio sumido en nuevos disturbios el año pasado cuando pandillas lanzaron ataques coordinados en Puerto Príncipe.
Dicha misión, desplegada finalmente hace unos 10 meses y liderada por Kenia, es señalada por haber llegado incompleta. Marisela Silva Chau, jefa del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Haití, reveló que la misión de la ONU sólo cuenta con un “38,8% del total” prometido en un principio.
Por eso, el representante del Gobierno de transición haitiano, Leslie Voltaire, instó a sus vecinos latinoamericanos a ejercer una “solidaridad activa” con su país y a brindar apoyo para “derrotar el proyecto de desestabilización” que golpea a la población.
“Nadie puede ignorar que esta inseguridad que vivimos en Haití es fabricada y mantenida desde el exterior por fuerzas oscuras y mafiosas a través del tráfico ilícito de drogas, órganos, armas y municiones”, sentenció Voltaire el pasado 9 de abril, durante la Cumbre de la Celac celebrada en Honduras.
Hasta el 85% de Puerto Príncipe bajo control de las pandillas
Mientras los enfrentamientos entre pandillas y la Policía siguen cruzando límites insospechados, la población civil no solo sufre por la violencia en sí misma, pero también por las consecuencias que esta trae en otros aspectos de la vida diaria, como el acceso a la salud, agua, comida y energía eléctrica.
Médicos Sin Fronteras (MSF) reveló que cerrará temporalmente dos hospitales, atendidos por miembros de la organización, en la capital haitiana, después de que cuatro de sus vehículos fueron atacados a tiros por presuntos pandilleros. Inicialmente, el cierre será de dos meses, pero puede alargarse por un tiempo indefinido si la violencia no cesa dentro del país.
“Esperamos que todos los actores nos brinden unas garantías mínimas y un respeto para poder continuar con nuestra atención a todas las personas víctimas de violencia, desplazados internos, sobrevivientes de violencia sexual”, expresó Gabriel Mayorga, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF, quien también detalló que ningún funcionario de la organización fue asesinado en el ataque.
Aunque Mayorga aclaró que MSF seguirá presente en Haití —colaborando en misiones dentro de otras ciudades y municipios en el país— su retirada de la capital es un retrato de la cruda situación de seguridad de país.
El panorama violento en Haití ha provocado miles de asesinatos, secuestros y un éxodo de más de 30.000 personas, según cifras de la ONU, quienes se han visto obligadas a restablecerse en otros puntos de la isla o fuera del país.
Ante esta situación, Puerto Príncipe se ha convertido en el epicentro de la violencia dentro de Haití.
Según el CICR, “hasta el 85%” de la capital está bajo jurisdicción de las bandas criminales, haciendo que la vida civil dentro de Puerto Príncipe sea casi imposible, entre las balas, la falta de hospitales y la violencia sexual sistemática.
El pasado mes de enero, Naciones Unidas reportó un aumento del 1.000% en los casos de violencia sexual en contra de las infancias haitianas, según datos del CICR.
Aunque la capital es el foco de la inestabilidad, la violencia se extiende a buena parte del país. Según la misión de la ONU dentro de la isla, más de 1.500 personas han sido asesinadas en el territorio caribeño entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2025.
República Dominicana cierra sus puertas
El caos crónico dentro de la sociedad haitiana ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas al exterior, con la vecina República Dominicana siendo uno de los principales destinos de los desplazados haitianos.
Empero, el pasado 7 de abril, Luis Abinader, presidente dominicano, presentó un agresivo paquete de nuevas medidas migratorias para cortar el flujo de personas desde el país con el que comparte la isla. También amenaza con deportar a cientos de miles de personas con nacionalidad haitiana que habitan dentro de República Dominicana.
Entre las medidas, que Abinader calificó de “dolorosas, pero necesarias”, están el cobrar a los pacientes haitianos por los servicios hospitalarios, y deportarlos en el acto, o multar a aquellos que renten casas o negocios a personas migrantes en situación irregular.
A partir del 21 de abril, según el presidente, los hospitales dominicanos están obligados a exigirle a los pacientes que presenten su identificación, comprobante de residencia y permiso de trabajo. Aunque las personas migrantes en situación irregular podrán ser atendidas —con un costo—, serán deportadas tras ser dadas de alta.
Además, el Gobierno dominicano desplegará un contingente de 1.500 soldados para reforzar el cruce fronterizo, llegando a los 11.000 elementos. Abinader también adelantó la construcción de más de 13 kilómetros nuevos para el muro impuesto en la frontera entre República Dominicana y Haití, que ya cuenta con unos 54 kilómetros construidos.
“Los derechos de los dominicanos no serán desplazados. Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será explotada. Aquí la solidaridad tiene límites”, afirmó el mandatario durante el anuncio de las medidas.
Abinader concluyó que su Gobierno “no puede ni debe soportar la carga de una crisis que no es suya”. Sin embargo, sus medidas amenazan con empeorar aún más la situación que atraviesan los ciudadanos haitianos, que veían en el éxodo una salida a la violencia.
Con AP, EFE y medios locales