Hermosillo, Sonora; martes 25 de Marzo del 2025 – Con el objetivo de atender la creciente crisis del fraude inmobiliario en el estado, el Diputado Jesús Manuel Scott Sánchez y la Diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el Congreso del Estado una Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal de Sonora, para atender a la crisis del fraude inmobiliario en el estado.
El fraude inmobiliario ha afectado a miles de ciudadanos que, tras ahorrar durante años para adquirir una vivienda, se ven víctimas de engaños, como la venta de terrenos irregulares, la doble venta de propiedades o el uso indebido de fondos en proyectos inmobiliarios.
Según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en México se pierden anualmente 600 millones de pesos en este tipo de estafas, y existen más de 100,000 carpetas de investigación abiertas por estos delitos.
Actualmente, la legislación en varias entidades del país carece de una tipificación específica para este delito, lo que genera vacíos legales que dificultan su investigación; por ello, la iniciativa presentada busca crear un tipo penal específico para el Fraude Inmobiliario, contemplando sus distintas modalidades y estableciendo sanciones proporcionales al impacto económico generado.
Este esfuerzo legislativo ha sido elaborado en conjunto con la Barra Sonorense de Abogados, con la participación de su Consejo Directivo, encabezado por el Mtro. José Manuel Ávila Valenzuela, como Presidente, y el Mtro. Javier Alfonso Pérez Chávez, como Secretario, quienes colaboraron en la redacción del articulado.
“Debemos garantizar a las y los sonorenses un marco normativo que proteja su patrimonio y brinde certeza jurídica a sus inversiones. La aprobación de esta reforma es un paso esencial para combatir el fraude y construir un Estado de Derecho sólido y confiable”, señaló el Diputado Scott Sánchez.
La iniciativa será analizada en comisiones, con el compromiso de fortalecer el marco legal en beneficio de la ciudadanía sonorense.