Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Regulación inútil: Sin padres ni maestros, no hay ley que valga
Viernes 21 de marzo de 2025
En un intento por mejorar el rendimiento académico y frenar la violencia escolar, legisladoras del PT han propuesto regular el uso de celulares en las escuelas de educación básica. Sin embargo, la efectividad de esta medida depende de actores clave: padres y maestros, cuya participación en regulaciones similares ha sido, históricamente, mínima.
La reciente iniciativa de reforma a la Ley General de Educación en México, presentada por las diputadas del Partido del Trabajo Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yessica Merino Escamilla, busca regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica. El argumento principal detrás de esta propuesta es la mejora del rendimiento académico y la prevención de la violencia escolar, dos problemas que afectan de manera significativa al sistema educativo del país. Sin embargo, aunque la intención de la iniciativa es loable, su implementación y efectividad enfrentan diversos desafíos estructurales y culturales que vale la pena analizar.
Es innegable que la presencia de dispositivos electrónicos en las aulas ha generado un sinfín de distracciones para los estudiantes. Las redes sociales, los videojuegos y el acceso inmediato a cualquier contenido digital han desplazado el enfoque en las actividades académicas, reduciendo la capacidad de atención y el aprendizaje significativo. Diversos estudios han demostrado que el uso excesivo de estos dispositivos en contextos escolares está correlacionado con un menor desempeño académico, lo que refuerza la necesidad de establecer medidas que regulen su utilización en entornos educativos. Países como Francia y España han implementado restricciones similares en sus escuelas, con resultados positivos en la concentración y el aprovechamiento escolar de los alumnos.
Por otro lado, la violencia escolar es un problema creciente que también se ve amplificado por el uso de teléfonos móviles. El ciberacoso, la difusión de contenido violento y la exposición a retos virales peligrosos han convertido los dispositivos electrónicos en herramientas que pueden generar un ambiente de hostilidad entre los estudiantes. La prohibición o restricción de su uso en el aula podría ayudar a mitigar estos riesgos y fomentar una convivencia escolar más sana. Sin embargo, esta estrategia por sí sola no es suficiente si no se complementa con políticas de educación digital y programas de prevención del acoso escolar.
Más allá de los beneficios teóricos de esta reforma, es crucial abordar la realidad del uso inmoderado de teléfonos celulares por parte de niños y adolescentes, un problema que va más allá del entorno escolar y que involucra también a las familias. La adicción a la tecnología en edades tempranas ha sido ampliamente documentada y sus efectos negativos incluyen la disminución en la capacidad de socialización, alteraciones en el sueño, problemas de salud mental y una mayor exposición a contenidos inadecuados. Estudios han señalado que los niños que pasan más tiempo en pantallas tienden a desarrollar mayor ansiedad, depresión y déficit de atención, lo que refuerza la urgencia de establecer límites en el uso de estos dispositivos.
No obstante, cualquier medida que busque reducir la dependencia de los niños a la tecnología debe contar con el apoyo y la participación activa de los padres. Y aquí radica uno de los mayores desafíos para la implementación de esta reforma: la apatía y la falta de compromiso de muchos padres en la regulación del uso de dispositivos electrónicos en el hogar y en la escuela. Anteriormente, hemos visto cómo normativas que buscan mejorar la salud y el bienestar de los niños han fracasado debido a la falta de seguimiento y vigilancia. Un ejemplo claro es la prohibición de la venta de “alimentos chatarra” en los planteles educativos, una medida que, en la práctica, se ha quedado en el papel debido a la indiferencia de los padres y la falta de voluntad de las autoridades escolares para hacerla cumplir.
En este sentido, surge un escepticismo razonable sobre la efectividad de esta nueva reforma. ¿Realmente se implementará de manera rigurosa? ¿Las autoridades educativas harán cumplir las restricciones? ¿Los padres contribuirán a reforzar estas medidas en casa? Si no existe un cambio de actitud y una mayor conciencia por parte de los principales actores involucrados, cualquier esfuerzo legislativo correrá el riesgo de convertirse en letra muerta.
Regular el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas es una medida necesaria y con grandes potenciales beneficios, pero su éxito dependerá de una estrategia integral que involucre a maestros, padres y autoridades educativas. Sin una aplicación efectiva y un verdadero compromiso de todos los sectores, esta iniciativa podría terminar siendo una más de tantas reformas bien intencionadas que nunca llegan a traducirse en un cambio real en la educación de nuestros niños y jóvenes.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
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