Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Jalisco: la tierra de las fosas y la impunidad
Viernes 14 de marzo de 2025
El estado de Jalisco vuelve a ser escenario de una tragedia que ya no sorprende, pero debería indignarnos y confirma lo que todos sabemos: la violencia no se detiene y las autoridades siguen simulando. Mientras la impunidad avanza, el gobierno se limita a ofrecer excusas.
Un nuevo cementerio clandestino ha sido descubierto en un rancho en La Estanzuela, municipio de Teuchitlán. A medida que las autoridades se apresuran a improvisar explicaciones y minimizar el impacto, el hallazgo desnuda, una vez más, la descomposición institucional y la complicidad que han permitido que la entidad se convierta en un gigantesco osario.
Los centros de exterminio en México son una manifestación extrema de la crisis de violencia, impunidad y desigualdad que azota al país. Su existencia evidencia la brutalidad de los grupos criminales, la posible negligencia o complicidad de las autoridades, la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población y la enorme tarea pendiente para garantizar justicia, seguridad y paz.
En Jalisco, han salido a la luz nuevos detalles sobre el rancho de Teuchitlán, utilizado como campo de entrenamiento y exterminio. Hasta el momento, se han localizado cinco lotes de restos óseos calcinados, 400 prendas e indumentarias, 96 casquillos, tres libros, una libreta y una identificación.
Sobre los crematorios clandestinos, las autoridades han revelado que el Cártel Jalisco Nueva Generación empleó un método hasta ahora no detectado: la incineración de cuerpos, seguida de su entierro bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra.
Estos hallazgos, reflejados en gráficos basados en información oficial, exponen la magnitud del horror en este sitio de exterminio. Aquí, los cuerpos eran ingresados y reducidos a cenizas, en un proceso sistemático de desaparición.
Este macabro descubrimiento no es un hecho aislado. Jalisco encabeza la lista de estados con más fosas clandestinas y personas desaparecidas en el país. En lugar de respuestas, las víctimas y sus familias reciben evasivas, burocracia y una deshumanización absoluta por parte de quienes, en teoría, deberían protegerlas. Mientras la Fiscalía de Jalisco asegura estar investigando, la realidad es que estos hallazgos son la prueba irrefutable de su negligencia. Las fosas no aparecen de la noche a la mañana. Son el resultado de un crimen organizado que opera con absoluta impunidad y, peor aún, con una protección que va más allá de la omisión: una red de corrupción que permite que estos sitios de exterminio existan y sigan multiplicándose.
Es evidente que existe una grave responsabilidad por parte del gobierno, las autoridades municipales y las corporaciones policiacas de Jalisco en relación con el encubrimiento o la falta de acción con respecto al rancho de exterminio en Teuchitlán
El anterior gobierno estatal, encabezado por Enrique Alfaro y su grupo político, se especializó en la simulación. Han convertido la tragedia humanitaria de los desaparecidos en un problema de relaciones públicas. Prometen búsquedas, crean fiscalías especializadas, presentan informes maquillados, pero la realidad es que la crisis no se detiene. Los colectivos de familiares, los únicos que verdaderamente buscan, son ignorados o criminalizados. La desesperación de los padres que buscan a sus hijos es tratada como un estorbo para la imagen gubernamental.
Las corporaciones policiacas, tanto municipales como estatales, tienen una larguísima historia de vínculos con el crimen organizado. No se trata de casos aislados, sino de un patrón sistemático de corrupción, omisión y colusión. En muchos casos, estas mismas fuerzas de seguridad son las responsables de la desaparición de personas. ¿Cuántos testimonios más hacen falta para admitir que en Jalisco la policía no protege, sino que entrega a ciudadanos a sus verdugos?
El gobierno federal tampoco puede desmarcarse de esta crisis. La militarización de la seguridad ha demostrado ser un rotundo fracaso. La Guardia Nacional, lejos de desmantelar estructuras criminales, ha optado por la complacencia y la omisión. Mientras el Ejército y la Marina patrullan calles y carreteras, los grupos criminales siguen controlando territorios enteros y usando propiedades como la de Teuchitlán para desaparecer cuerpos sin temor a ser descubiertos. La estrategia de seguridad nacional, al igual que la de Jalisco, se basa en la simulación y en discursos que evitan señalar lo evidente: el Estado ha renunciado al control del territorio.
El hallazgo en La Estanzuela debería ser un escándalo nacional. Debería provocar la renuncia de funcionarios, la apertura de investigaciones serias y una reacción contundente de la sociedad. Pero sabemos que no será así. Sabemos que vendrá una rueda de prensa, un informe vacío, tal vez un detenido que servirá como chivo expiatorio y, después, el olvido. Hasta que se descubra la siguiente fosa, y la siguiente, y la siguiente.
Mientras tanto, las familias seguirán cavando con sus propias manos, buscando entre la tierra los restos de sus seres queridos, haciendo el trabajo que las autoridades se niegan a hacer. En Jalisco, el dolor se ha convertido en rutina y la justicia en una quimera. Y lo más grave es que a los responsables no les importa.
Me despido con un comercial: sintonicen a las 6:10 AM, “La Caliente” 90.7 FM., el colega y amigo José Ángel Partida me abre un espacio en su noticiero en el que comentaremos con más detalle esta columna. ¡No se lo pierdan!
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
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