-La nueva suspensión impide al Senado de la República que emita una convocatoria para la lista de juzgadores.
Tomado de Político MX
Ernesto Guerra
Foto: Ernesto Guerra
Viernes 27 de septiembre de 2024
Una juez de Distrito el Estado de Nuevo León concedió otra suspensión provisional en contra de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que el decreto no sea aplicable a magistrados y jueces, y además, impide al Senado de la República que emita la convocatoria para la integración de las listas para la elección extraordinaria del Poder Judicial.
El incidente de suspensión 989/2024, emitido por la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, concede que la reforma judicial no sea aplicable para magistrados y jueces en activo y retiro.
Asimismo, incluye al Senado de la República para que no emita la convocatoria para la integración de las listas de candidatos a puestos de jueces, magistrados y ministros por elección popular. Impide determinar la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, así como llevar a cabo la insaculación pública para compeltar a los juzgadores federales a elegir.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal no deberá entregar a la Cámara Alta el listado con la totalidad de los cargos de las personas juzgadoras, en donde se incluya además vacancias, renuncias y retiros.
Aunado a ello, la jueza también estableció que ninguna autoridad podrá remover de sus funciones y cargos públicos a las personas juzgadoras. En tanto que las autoridades responsables no deberán seleccionar a los magistrados que integrarán al Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial.
La suspensión también señala que no se deben suprimir, reducir, retener o cancelar pensiones complementarias, así como fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que existan en el Poder Judicial de la Federación.
Finalmente, la jueza Alarcón Cortés afirma que “las autoridades responsables, dentro de sus facultades, tendrán que abstenerse de aplicar los efectos y consecuencias de la reforma impugnada”.
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