Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, la Auditora Mayor del ISAF, Beatriz Huerta Urquijo explicó y dio respuesta puntual a los diputados con respecto al Informe de Resultados de la Cuenta Pública del año fiscal 2023, entregada a ese mismo órgano legislativo el pasado 30 de agosto.
Reunida con los legisladores integrantes de la Comisión de fiscalización, Huerta Urquijo precisó que en la revisión se compara el presupuesto inicial aprobado por el Congreso del Estado con los gastos reales reportados por las entidades fiscalizadas, a fin de detectar posibles desviaciones, subejercicios o sobre ejercicios en el uso de los recursos públicos y determinar si los fondos fueron destinados a los fines autorizados. Es primordial el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con recursos públicos, asegurándose de que los resultados obtenidos correspondan a lo planeado y que no existan irregularidades en su ejecución.
De esta manera en la revisión de la Cuenta Pública 2023 se aplicaron 332 auditorías integrales de las cuales 133 revisiones se hicieron a 103 entes del Gobierno del estado, mientras que en el ámbito municipal fueron 140 entes que se sometieron a 199 auditorías.
Las 332 revisiones efectuadas abarcaron un universo fiscalizable de 122.7 mil millones de pesos de los cuales el 86.5 por ciento fue del gobierno del Estado, sumando en total 105.9 mil millones de pesos.
Por su parte, los gobiernos municipales tuvieron el 13.7% del universo fiscalizable, el cual asciende a 16.8 mil millones de pesos en 2023.
Comentó que hasta el 2021 se presentaron déficits primarios en las finanzas públicas estatales, teniendo como consecuencia aumento constante del endeudamiento, baja capacidad de ahorro interno, aumento del gasto corriente y disminución de la inversión pública. Para el 2023, por segundo año consecutivo se ha tenido un balance primario con superávit, que refleja finanzas públicas sanas y propicia la generación de ahorro interno, la disminución del endeudamiento y la inversión productiva.
Además, señaló que del 2021 al cierre del 2023 el incremento en la inversión pública fue del 129% es decir, ha aumentado en 2,929 millones de pesos alcanzando la cifra de 5,200 millones de pesos para el Estado de Sonora.
Para el Poder Ejecutivo en su conjunto el resultado refleja un aumento de liquidez y la disminución del endeudamiento.
Precisó que la SHCP califica la deuda pública estatal como sostenible y las principales calificadoras internacionales (Fitch Ratings, HR Ratings y Moody’s Investors Service), mejoraron su calificación con respecto a años anteriores.
Huerta Urquijo dijo que, de los 89 entes públicos del Gobierno del Estado, 82 fueron aprobados por el ISAF de acuerdo con la información presentada para su evaluación y el resto, es decir, siete entes estatales se encuentran no aprobados:
1. Comisión Estatal del Agua
2. Fondo de Operación de Obras Sonora SI
3. Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
4. Universidad Estatal de Sonora
5. Universidad de Sonora
6. Universidad del Pueblo Yaqui
7. Universidad Tecnológica de Guaymas
INFORMES DE RESULTADOS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Al hablar de los resultados que se revisaron respecto a las cuentas públicas presentadas por los 72 municipios en el estado de Sonora informó que la evaluación a los Planes Municipales de Desarrollo (PMD) precisa que el 50% de los ayuntamientos no estableció indicadores para medir las metas de los PMD. Mientras que 25 municipios presentaron información relacionada al cumplimiento de sus indicadores del PMD, a su vez, se destaca que solo en cuatro municipios es posible determinar la alineación de su programación y presupuestación del gasto 2023 con su Plan 2022-2024 (Hermosillo, San Luis Río Colorado, Guaymas y Navojoa).
Asimismo, derivado de la evaluación del principio de eficacia, nueve municipios acreditaron el cumplimiento de las metas asociadas al programa de servicios públicos.
Al tocar el renglón de endeudamiento, aclaró que se toma en cuenta la proporción de los adeudos adquiridos, con respecto a los activos del municipio. Considerando que un municipio se encuentra en una situación de endeudamiento elevado o negativo, si el resultado del indicador es mayor al 60%.
De esta manera precisó que al cierre del ejercicio 2023, 16 administraciones directas de los municipios resultaron en situación de endeudamiento elevado o negativo, entre ellos: Ímuris, Puerto Peñasco, Empalme, Tubutama, Sahuaripa y Magdalena.
En cuanto al indicador de liquidez señala la disponibilidad de fondos para satisfacer los compromisos financieros del ente público a corto plazo, es decir, un año. Mostraron que, de las 72 administraciones directas, 42 resultaron en situación de insolvencia como es el caso de los municipios del Quiriego, Navojoa, Empalme y Rayón, entre otros.
Otro de los puntos tratados durante la comparecencia con la Comisión de Fiscalización que preside el Dip. Sebastián Orduño Fragoza, fue el balance presupuestario de recursos disponibles, donde el ejercicio 2023 se tiene que 51 ayuntamientos tuvieron un balance sostenible, derivado de que los ingresos recaudados fueron mayores o iguales a los egresos devengados, algunos de los municipios son: Hermosillo, Puerto Peñasco, Nogales y Pitiquito.
Mientras que 20 administraciones directas de los municipios presentaron balances no sostenibles, debido a que los gastos superaron a los ingresos en el presente ejercicio, tal es el caso de: Cajeme, General Plutarco Elías Calles, Cananea, Benito Juárez, Empalme, entre otros.
Asimismo, cabe mencionar que el municipio de Bacerac no presentó información al respecto.
Al continuar con su exposición Huerta Urquijo indicó que, de acuerdo con la información financiera presentada por los municipios, al 31 de diciembre del 2023 la deuda pública ascendió a 4 mil 185.4 millones de pesos.
De los 30 municipios con deuda pública reflejada en su información financiera, 22 debieron presentar información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el propósito de poder medir su nivel de endeudamiento a través del sistema de alertas, sin embargo, solo 18 municipios lo hicieron.
De aquellos que presentaron información, 14 están en un nivel de endeudamiento sostenible (semáforo color verde) y cuatro municipios: Agua Prieta, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Ignacio Río Muerto obtuvieron el nivel de endeudamiento en observación (semáforo color amarillo).
Aquellos que no presentaron son Benjamín Hill, Huásabas, Nácori Chico y Opodepe.
De acuerdo con el informe de resultado obtenidos de la revisión el ISAF consideró que, a la fecha, de los 72 municipios auditados, 54 fueron aprobados por este órgano fiscalizador mientras que 18 entes municipales no aprobaron, siendo estos: Aconchi, Bacanora, Bacerac, Benito Juárez, Huatabampo, Magdalena de Kino, Naco, Nacozari de García, Oquitoa, Quiriego, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Sáric, Soyopa, Trincheras, Tubutama y Yécora.
La Auditora Mayor aclaró que el proceso de fiscalización no finaliza con la entrega del Informe de Resultados, pues de la notificación del informe individual de auditoría, los entes públicos tenían un plazo de 30 días hábiles para proporcionar la información requerida y resolver las observaciones pendientes.
Una vez que el ISAF recibe las respuestas tiene 120 días hábiles para emitir un pronunciamiento derivado de estas. En caso de no solventar se emite un Pliego de Presuntas Responsabilidades que se envía a la Unidad de Investigación para la calificación de la falta, la cual puede ser grave o no grave, y proceder conforme lo previsto en la normatividad en materia de responsabilidades administrativas.
Precisó que en caso de que se detecte en dichos pliegos la posible comisión de delitos, se deberá proceder con la denuncia ante la autoridad penal competente.
En la sesión de la Comisión de Fiscalización estuvieron presentes los integranres Sebastián Orduño Fragoza, Ernestina Castro, Fermín Trujillo, Norberto Barraza, María Eduwiges Espinoza, Raúl González y Iris Fernanda Sánchez Chiú.