La modificación faculta al presidente de la República a conceder amnistías de manera directa a personas procesadas o sentenciadas, incluso, por delitos graves.
Tomado de Proceso
Diana Lastiri
Viernes 6 de septiembre de 2024
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la impugnación contra la reforma a la Ley de Amnistía que faculta al presidente de la República a conceder este beneficio de manera directa, pero rechazó frenar su entrada en vigor.
El ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados de la oposición contra la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 14 de junio y ordenó acumularlas en un mismo expediente.
Dicha modificación implica que el titular del Ejecutivo federal puede otorgar la amnistía directamente a quienes aporten elementos comprobables para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, sin importar el delito por el que estén procesados o sentenciados.
Es decir, que podría conceder amnistía a personas que hayan cometido delitos contra la vida o integridad corporal, secuestro, portación de armas de fuego o aquellos previstos en el artículo 19 de la Constitución (los que merecen prisión preventiva oficiosa).
Aunque los senadores de oposición solicitaron la suspensión provisional para evitar que la reforma entre en vigor, el ministro Laynez rechazó la medida.
“No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, ya que dicha medida cautelar no se prevé para este medio de control constitucional, en virtud de que el decreto impugnado contiene previsiones de naturaleza general, abstracta e impersonal, cuyos efectos no es posible paralizar, ya que esto provocaría que perdieran su validez, eficacia, fuerza obligatoria o existencia específica.
“Considerar lo contrario implicaría desconocer la obligatoriedad de la totalidad de la norma controvertida que fue emitida por las Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión”, señaló el ministro.
Añadió que hasta ahora no es posible establecer que la reforma pueda generar una transgresión extremadamente grave o irreparable a los derechos humanos.