La organización de derechos humanos pidió a los legisladores mexicanos rechazar diversas reformas, incluida la judicial y la que pretende desaparecer los organismos autónomos
Tomado de El Sol de México
Atzayactal Cabrera
Sábado 31 de agosto de 2024
La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch, (HRW), se pronunció en contra de cuatro iniciativas de reforma constitucional propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Por ello, pidió a legisladores del Congreso de la Unión rechazar propuestas como la reforma al Poder Judicial y la desaparición de siete órganos autónomos.
De las 18 iniciativas de reforma constitucional que envió López Obrador a la Cámara de Diputados, HRW externó su preocupación sobre cuatro en particular a través de un comunicado. Se trata de la reforma al Poder Judicial, mediante la cual se pretende que ministros, jueces y magistrados sean electos por voto popular.
También sobre la reforma de simplificación orgánica con la que desaparecen siete órganos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Además, HRW externa su preocupación por la ampliación de delitos graves en el artículo 19 constitucional, los cuales son procesados con prisión preventiva oficiosa.
La cuarta reforma cuestionada por HRW es el traslado administrativo de la Guardia Nacional, actualmente a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hecho que califica como una militarización en las funciones de seguridad pública.
De acuerdo con Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, las “peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”.
La directiva agregó que México tiene una larga historia en cuanto a abusos graves a los derechos humanos que son encubiertos por el Estado, por lo que instó a las y los legisladores del Congreso de la Unión a impulsar reformas que fortalezcan los derechos humanos y no que los debiliten.
Human Rights Watch recordó que el próximo 1 de septiembre comenzará la LXVI Legislatura y con ello el inicio del debate sobre la reforma judicial en San Lázaro. Sobre dicha iniciativa advirtió que “socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos”.
La organización retomó las alertas planteadas por Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, así como por la la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre la reforma de simplificación orgánica, HRW planteó que eliminar al INAI “y permitir que el gobierno autorregule su cumplimiento de las leyes de acceso a la información socavaría los derechos de los mexicanos a la privacidad y al acceso a la información pública”.
Por otro lado, la organización alertó sobre la ampliación de delitos graves contemplados en el Artículo 19 de la Constitución, y que son castigados con prisión preventiva oficiosa “contraviene el derecho internacional” porque “la prisión preventiva sólo debe utilizarse en casos excepcionales”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que el uso de la prisión preventiva obligatoria en México viola estándares internacionales de derechos humanos y ha ordenado a México que reforme sus leyes y su Constitución para eliminar esta práctica”, precisó HRW.
En el comunicado Human Rights Watch advirtió además, que con el traslado operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, “otorgaría oficialmente al presidente la autoridad para desplegar las Fuerzas Armadas adentro del país, de manera indefinida, a su discreción”.
HRW contrastó que mientras las Fuerzas Armadas “han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, como ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, que rara vez se investigan o se llevan ante la justicia (…) el presidente López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en el gobierno, transfiriendo al Ejército y a la Marina el control sobre cientos de tareas gubernamentales tradicionalmente civiles”.