Salazar resaltó la integración económica de América del Norte, gracias al T-MEC, y los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.
Tomado de El Imparcial
Vanesa Rojas
Jueves 22 de agosto 2024
MEXICO.- La presidenta electa de México Claudia Sheinbaum le respondió al embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, luego que éste se refiriera a que la elección directa de jueces en el País azteca, podría representar un riesgo para la independencia del Poder Judicial y la estabilidad democrática.
Sheinbaum respondió lo siguiente: “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”
Salazar emitió un comunicado fijando su postura sobre la Reforma al poder judicial que se plantea en México.
Argumentó que cualquier reforma judicial debe fortalecer el Poder Judicial y evitar su corrupción por intereses políticos. Expresó preocupación de que la implementación de elecciones directas de jueces en 2025 y 2027 pueda dañar la confianza en las instituciones y afectar negativamente la inversión en México.
Podría debilitar los esfuerzos para mantener la integración económica: Salazar
Salazar enfatizó su rol como embajador en los últimos tres años, destacando la colaboración entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador para lograr avances históricos para ambos países.
Asimismo resaltó, en su comunicado, la integración económica de América del Norte, gracias al T-MEC, y los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, particularmente en la lucha contra el fentanilo, el tráfico de armas y el tráfico de personas.
El embajador también subrayó la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial, pero expresa su opinión de que la elección directa de jueces no resolverá este problema ni fortalecerá al Poder Judicial.
Además, señaló que esta medida podría debilitar los esfuerzos para mantener la integración económica en la región y aumentar la turbulencia en los próximos años.
Lo que contempla la reforma
La reforma, que fue enviada al Congreso el 5 de febrero, contempla una serie de cambios en la estructura del Poder Judicial.
Elección directa de jueces: La propuesta establece que tanto ministros de la Suprema Corte como magistrados y jueces serán elegidos a través de elecciones ordinarias. Estas elecciones estarán organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Reducción de integrantes en la Suprema Corte: La reforma plantea reducir el número de ministros de 11 a 9 y disminuir su periodo de servicio de 15 a 12 años. También se eliminarán las dos Salas de la Suprema Corte, consolidando sus funciones en el Pleno.
Eliminación de la pensión vitalicia: Los actuales y futuros ministros de la Suprema Corte perderán el derecho a la pensión vitalicia, y sus remuneraciones se ajustarán al tope salarial del presidente de la República.
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: El Consejo de la Judicatura será reemplazado por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial, que investigará posibles actos de corrupción y mala conducta, y el Órgano de Administración Judicial, encargado de funciones administrativas y presupuestarias.
Reglas procesales: La reforma incluye nuevas reglas para asegurar la justicia expedita, con plazos específicos para la resolución de casos fiscales y penales. También se prohíbe la suspensión de leyes con efectos generales en amparos y acciones de inconstitucionalidad.