-Entre enero y abril de 2024, el gobierno sandinista forzó a 34 sacerdotes nicaragüenses a abandonar el país.
-La persecución ha llevado al desplazamiento forzado de más de 200 personas religiosas y a un aumento en la vigilancia de las actividades en iglesias católicas.
Tomado de El Imparcial
Martín R. Villanez
Martes 13 de agosto 2024
NICARAGUA.- El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha llevado a cabo la expulsión de 222 religiosos desde el inicio de la crisis sociopolítica en el país en abril de 2018. La denuncia fue presentada este martes por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, que detalló que entre los expulsados se encuentran al menos 91 monjas.
El informe del Colectivo, titulado “Libertad religiosa, persecución a laicos”, revela que, entre enero y abril de 2024, el gobierno sandinista forzó a 34 sacerdotes nicaragüenses a abandonar el país. Esta cifra no incluye a los siete sacerdotes que fueron enviados al Vaticano la semana pasada. El informe también menciona que al menos 52 personas religiosas y sus familiares han quedado en una situación de apatridia de facto.
El informe destaca que las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua han aumentado, reflejando un panorama de represión. Las denuncias incluyen detenciones arbitrarias, ataques a líderes religiosos, estigmatización y mensajes de odio en los pronunciamientos oficiales sobre la libertad de culto. “El régimen Ortega-Murillo ha incrementado el hostigamiento a laicos y líderes religiosos”, indica el informe.
Desde 2021, más de 420 organizaciones cristianas han sido canceladas, entre ellas Cáritas de la Diócesis de Matagalpa. Además, al menos 22 medios de comunicación religiosos han sido confiscados, siendo uno de los últimos Radio María, que cesó sus transmisiones el 9 de julio de 2024.
Desnacionalización y exilio de religiosos
El Colectivo también reporta que al menos 21 pastores evangélicos se encuentran en el exilio, y otros tres pastores han sido impedidos de ingresar a Nicaragua. La persecución ha llevado al desplazamiento forzado de más de 200 personas religiosas y a un aumento en la vigilancia de las actividades en iglesias católicas.
Un informe adicional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y Alcance de Ayuda en las Américas menciona que al menos 22 religiosos nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad. Entre ellos se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, quienes han sido críticos del gobierno sandinista.