-Ayer se dio a conocer que la compañía china y tres de sus subsidiarias comenzaron un proceso de arbitraje internacional, después de que el gobierno mexicano decidiera cancelar nueve concesiones.
Tomado de Dossier Político
Con información original de Expansión
Miércoles 26 de junio de 2024
Hace unos años, el pueblo de Bacadéhuachi, en Sonora, captó la atención pública debido a la afirmación de una publicación especializada que señalaba la presencia de uno de los depósitos de litio en arcilla más grandes del mundo en las colinas cercanas. Aunque esta noticia fue desmentida posteriormente, Bacanora Lithium ya contaba con las concesiones para explorar el yacimiento desde hace casi una década. Este yacimiento representa, hasta el momento, la posibilidad más tangible para que el gobierno mexicano extraiga litio.
Bacanora Lithium se constituyó desde 2008 con capital nacional, después fue comprada por canadienses, y ahora está en manos de capital chino y británico. En 2019, la china Ganfeng Lithium –uno de los mayores productores de baterías de litio– compró alrededor del 30% de Bacanora y en enero del 2022 adquirió la totalidad de las acciones.
Ahora, Bacadéhuachi y sus depósitos de litio en arcilla están en el centro de una disputa. Todo porque Ganfeng International Trading, Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium Ltd. –tres compañías relacionadas– han abierto un arbitraje contra el gobierno mexicano, quien les quitó nueve concesiones de exploración minera el año pasado, bajo el argumento de que las compañías, según el gobierno mexicano, no habían invertido la cantidad pactada cuando se firmaron las concesiones.
Ahora, las compañías –de capital chino y británico– han registrado un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Las compañías han solicitado al gobierno mexicano que compense a las empresas por los daños derivados de las violaciones a algunos tratados comerciales, además de que se haga cargo de todos los costos y honorarios del arbitraje.
Las compañías están basando su defensa en el Tratado Bilateral de Inversión China-México y el Tratado Bilateral de Inversión Reino Unido-México. Ganfeng Lithium fue consultada, pero se negó a hacer comentarios. En un documento difundido por inversionistas no se menciona que las compañías estén interesadas en recuperar las concesiones, a pesar de que el proceso de exploración ya había identificado alrededor de 9 millones de toneladas de carbonato de litio. Además, se había construido una planta piloto para su procesamiento y, según un portavoz que habló con Expansión hace unos meses, ya habían encontrado una forma rentable de separar el litio de la arcilla.
Los planes de Ganfeng Lithium –que prometía en su estados financieros producción de litio desde 2019– se vieron interrumpidos por la reforma a la ley minera que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones de litio, prohíbe la minería a cielo abierto –necesario para la explotación del litio– y deja toda la cadena de explotación del litio de manera exclusiva al Estado.
Ganfeng tampoco ha llevado a cabo todo lo prometido. Bacanora –filial de Ganfeng– había prometido que la mina generaría entre 1,200 y 2,000 empleos para la gente local, según dijeron fuentes a Expansión para un reportaje publicado en 2023. Pero el último estado financiero disponible de la compañía sólo habla de que al cierre de 2021 la compañía sólo tenía 15 empleados y algunos contratistas.
Desde inicios del año pasado, el presidente López Obrador declaró que estaba en negociaciones con una compañía que tenía trabajos avanzados respecto al litio en el norte del país –Ganfeng era la única–, también dio señales de que las concesiones pasarían a ser parte de la estatal LitioMX, que a pesar de su creación aún no anunciado de manera pública sus planes. Pablo Taddei, el director de la estatal, dijo a Expansión que esperaban la primera producción de litio hacia 2028, una vez terminado el sexenio obradorista.
Peter Secker, el responsable del Proyecto Sonora Lithium, dijo a Expansión en una entrevista en octubre pasado que intentarían negociar con el gobierno, que creían que la cancelación era ilegal y que incluso buscarían la manera de dialogar con el gobierno mexicano para colaborar en el proyecto. Pero al parecer nada de esto último sucedió. Una fuente que pidió el anonimato aseguró que estas pláticas nunca sucedieron.
“La razón que nos han dado es que no hemos hecho suficiente gasto en las licencias y por lo tanto las van a cancelar. Obviamente vamos a defender eso con todas las acciones legales que podamos. Y como decía, gastamos muchas decenas de millones de dólares en Sonora, así que no creemos que la cancelación de nuestras concesiones sea algo legal”, decía Secker en octubre.
Bacanora solicitó un recurso de revisión administrativa ante la Secretaría de Economía para revisar la cancelación de las concesiones, pero la respuesta fue negativa. A inicios de este año las subsidiarias presentaron demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero hasta ahora están pendientes de resolución.
Por ahora, las fases escritas y orales del arbitraje no han comenzado. Pero el futuro del depósito de litio más grande del país ya está en manos de un tribunal internacional.
Los impactos económicos para ambas partes aún no han sido estimados.