Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe sobre el estado que guardan los derechos humanos en México que emitió el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, porque preserva una práctica de mantener vigente la Doctrina Monroe. Consideró que ellos deben ser respetuosos de la soberanía; así como México no se involucra ni hace señalamientos de la situación interna de ese país.
Sin mediar pregunta y sin abundar en detalles sobre el contenido cuestionó los alcances del documento y subrayó que el gobierno mexicano no emite cartas de buena conducta: “nosotros no les decimos, porque tienes un candidato hostigándolo en los juzgados y porque destinadas miles de millones d dólares para la guerra y por que no liberas a Julian Assange que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atiendes a los jóvenes que fallecen por la adicción al fentanilo? ¿Por qué reprimes y maltratas a los migrantes?”.
En otro orden de ideas, el mandatario reivindicó la importancia de aprobar la Ley de Amnistía que podría ayudar en lograr avanzar en casos donde haya violaciones a los derechos humanos como la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa. En conferencia, aseveró que el propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos.
Descalificó las críticas opositoras sobre la intencionalidad de esta nueva legislación porque piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y que vamos a decidir de manera arbitraria. “Nunca lo hemos hecho, el propósito es avanzar en resolver temas pendientes, como Ayotzinapa y que lo hagamos entre todos. Vamos a ver qué resulta y estoy seguro que podemos contar con más información en todos los casos”.
Cuestionado sobre la posibilidad de que Israel Vallarta, detenido desde el sexenio de Felipe Calderón por su presunta participación en una banda de secuestradores, no lo descartó porque en sí mismo puede ser un caso de violación de derechos humanos porque tiene 10 o 15 años sin sentencia, como muchas otras personas detenidas.