Quito. Un carro blindado salió este sábado de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Ecuador para trasladar hacia una cárcel al ex vicepresidente Jorge Glas, detenido con una invasión a la embajada de México en esta capital.
Medios locales reportan este sábado que el ex vicemandatario abordó un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas a las 07:20 (hora local), aunque se desconoce hasta qué penitenciaría lo llevarán.
El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, que incluyó cierre de las vías cercanas a la zona.
El ex vicemandatario estuvo en la Unidad de Flagrancia desde anoche, tras ser detenido dentro de la sede de la embajada de México en Quito, donde se encontraba desde el mes de diciembre y estaba a la espera de un salvoconducto tras recibir una respuesta positiva a su pedido de asilo.
El asalto realizado este viernes en la sede diplomática mexicana en Quito causó repudio a nivel nacional e internacional por violar el Artículo 22 de la Convención de Viena y conllevó a la ruptura de relaciones bilaterales.
Según el gobierno del presidente, el conservador Daniel Noboa, “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios, concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura”.
Videos que circulan en redes sociales muestran a policías trepando paredes de la embajada, que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares, y la agresión física a Roberto Canseco, quien quedó como encargado de la misión luego de que la embajadora Raquel Serur fuera declarada persona non grata.
Glas, considerado uno de los símbolos del lawfare o persecución judicial en Ecuador, recibió de forma temporal el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó la captura del ex funcionario por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.