Santiago. De la noche a la mañana, y por distintas razones, el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric empieza a sufrir de crecientes movilizaciones sociales, impulsadas incluso por organizaciones sindicales que, teóricamente, debieran ser partidarias del gobierno, según sus propios dirigentes lo señalan.
A la compleja situación social en la Región del Biobío, 700 kilómetros al sur de la capital chilena, donde unos 20 mil trabajadores del acero han comenzado a perder sus empleos tras la clausura de la principal usina del país, incapaz de competir frente al dumping del acero chino subsidiado; se añadió la movilización de pescadores artesanales de la zona para que se les permita la captura de la caballa, cuya temporada ya culminó, para suplir la carencia de sardina y anchoveta.
También, la izquierdista Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional para el 11 de abril, que explican como un intento para impulsar demandas “levantadas de la rearticulación del tejido social, en reacción al descontento y falta de avance en las reformas que están atrapadas en un empate técnico incentivado por la derecha”.
Ayer, cuando el presidente de la CUT, David Acuña, junto a unos 30 acompañantes, iban al Palacio de La Moneda a entregar un documento explicativo, la policía de Carabineros les cerró el pasó y las emprendió a golpes contra la comitiva.
La golpiza resultó en el enojo de los dirigentes, quienes expresaron su desencanto con Boric.
“Con toda sinceridad y dolor, esto es culpa de un gobierno incapaz, vergonzoso, que no sabe tratar con las organizaciones sociales ni con el sindicalismo, ni responder a las necesidades del pueblo”, dijo el dirigente Eric Campos tras la represión sufrida.
“No es el gobierno por el cual quisimos votar, este es el gobierno de la vergüenza cuando se trata de reprimir a las y los trabajadores; lo único que hemos querido hacer es entregar un manifiesto que busca concretar las profundas reformas que Chile requiere”, añadió.
A la mitad de su presidencia de cuatro años, Boric no ha podido concretar ninguna de las reformas estructurales que prometió realizar en salud, pensiones e impuestos, en buena medida por el bloqueo derechista en el legislativo, pero también por las desavenencias del oficialismo, que han envalentonado a aquellas.
Según la CUT, el paro será “un paso crucial en este proceso de movilización y reafirma el compromiso del movimiento social y sindical con la democracia, la paz y la justicia social en Chile”.
Mientras, en el Biobío, la situación de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) continúa estancada, pues las sobretasas aduaneras del 12,5 por ciento que el gobierno cedió, fueron consideradas insuficientes frente al 25 por ciento que la firma considera necesarias.
Ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, emplazó a los propietarios de CAP diciendo que “es complejo que le traspasen íntegramente al Gobierno las decisiones respecto del futuro de una de sus filiales”, además de plantear que las compañías mineras que compran “la mayor parte” del acero de CAP, “se involucren porque el problema no lo puede resolver un solo actor”.