El 15 de enero de este año, Briceida Arizona recibió la llamada que ninguna madre quiere recibir. El Instituto Forense de Hermosillo, Sonora, le pedía que se presentara en sus oficinas para identificar el cadáver de su hija Paula Josette, de 23 años. “Me quedé bloqueada, no entendía qué estaba pasando”, dice la mujer por teléfono. Hacía menos de 24 horas que su hija le había escrito el último mensaje por WhatsApp. Paula Josette falleció dentro del Centro Penitenciario (Cereso) 2 durante una visita conyugal a un preso. La Fiscalía de Sonora ha declarado que fue un infarto fulminante, sin embargo, la madre y sus abogados insisten en que la muerte sea investigada como un asesinato.
EL PAÍS y expertas independientes analizan el expediente judicial plagado de inconsistencias y cabos sueltos. La muerte sospechosa de Paula Josette arroja más preguntas que respuestas sobre lo que pudo sucederle, sobre todo porque, supuestamente, estaba bajo la protección de las autoridades en una cárcel estatal. Hasta el momento hay siete personas imputadas, todas ellas en libertad bajo fianza.
El domingo 14 de enero Paula Josette Arizona entró en la prisión a las 18.00 horas acompañada de una amiga. Las dos chicas habían solicitado una visita conyugal con dos presos recluidos en la cárcel. “Había conocido a este muchacho por Facebook y me dijo que se llamaba Alexis”, dice su madre. “Yo al principio no sabía que era un preso, pero luego Paula me lo contó”, recuerda. De acuerdo a las investigaciones y la declaración de varios trabajadores de la prisión, la chica entró al penal sin mostrar ninguna identificación oficial, la primera de una larga cadena de irregularidades que se dieron aquella noche. Su madre corrobora que Paula no tenía INE, pasaporte o alguna otra identificación oficial. Pese a todo, su nombre aparece en el registro de visitas de aquel día. Tres horas después, estaba muerta.
Durante la visita, Paula estuvo con el preso Carlos Alexis Romero, quien supuestamente alertó a los guardias de que la chica “se había desmayado”. Por ser domingo, aquella noche no había ningún médico o enfermero de guardia. Los trabajadores de la cárcel se quejan de que hay muy poco personal para los más de 600 internos que actualmente están encerrados en el Cereso número 2.
En ningún informe consta que se tratara de reanimar a la mujer dentro de la prisión. El subcomandante a cargo aquella noche ordenó a dos oficiales penitenciarios que trasladaran en una camioneta de la cárcel el cuerpo de la chica hasta el Hospital General de Hermosillo. A las 22.42 horas se tiene constancia del ingreso de la joven en las Urgencias del hospital, casi una hora después de que el personal de la prisión la encontrara inconsciente.
En el hospital trataron de reanimarla con la maniobra RCP, una dosis de adrenalina y otra de naloxona por si se trataba de una posible sobredosis, sin embargo, el médico de guardia declaró la muerte de Paula a las 22.49 horas. De acuerdo a fuentes hospitalarias, la joven llegó al centro en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.
La Fiscalía del Estado ha tratado en todo momento la muerte como un infarto fulminante, sin embargo, existen varias lesiones por todo el cuerpo que podrían estar relacionadas con lo que le sucedió a la joven. “Hay un conjunto de lesiones descritas en la necropsia que no pueden analizarse de forma aislada, sobre todo, porque no hay claridad ni certeza de cómo sucedieron los hechos. La muerte de Paula Josette debe manejarse como una muerte sospechosa y violenta. Desde el inicio debió investigarse como un probable feminicidio u homicidio”, señala Adriana Rubio, coordinadora del área forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En ningún momento la Fiscalía ha mencionado que esté investigando el caso con perspectiva de género, aún y cuando una sentencia de la Suprema Corte de 2015 señala que toda muerte sospechosa de una mujer debe ser investigada de esta manera. “A simple lectura de lo que está descrito parece que ese conjunto de lesiones se pueden atribuir a una posible agresión física previa a la pérdida de la vida”, agrega la especialista.
Entre los golpes, destacan moretones (equimosis) en las extremidades superiores e inferiores. “En criminalística, cuando vemos lesiones en brazos, antebrazos y manos, usualmente, son lesiones que clasificamos como lesiones de forcejeo, lucha, defensa y o sometimiento”, señala Rubio y agrega: “Con base en lo descrito, la coloración roja y violácea nos hace pensar que las equimosis se dieron antes de la muerte e incluso pueden estar relacionadas con la causa y forma de la muerte”.
Petequias y sin rastro del celular
Briceida Arizona ha denunciado que no pudo ver el cuerpo de su hija cuando fue a reconocer el cadáver. “Solo me mostraron unas fotos de su rostro y de sus tatuajes, pero nunca me dejaron ver el cuerpo”. Tampoco ha recuperado las pertenencias de Paula el día que entró al Cereso: no hay rastro del celular, de la ropa que llevaba puesta ni de la bolsa con la que entró a la cárcel.
Los abogados de la familia solicitaron desde hace 15 días las imágenes a color de la necropsia ―un derecho que tienen todas las víctimas en México— así como las muestras biológicas que le tomaron al cuerpo, sin embargo, denuncian que la Fiscalía no se las ha entregado aún, pese a que debían hacerlo en cinco días para cumplir con la petición. “Tampoco se investigó el área donde mi hija estuvo [área conyugal], el automóvil donde fue trasladada al hospital y las fotografías y videos que se le hizo al cuerpo de mi hija, sin embargo, la Fiscalía nos ha dado una negativa. Curiosamente, tampoco servían las cámaras del centro penitenciario”, denuncia la señora Arizona.
La madre ha encargado un segundo peritaje forense independiente que buscará integrar a la carpeta de investigación y en donde se señala que la joven pudo haber sido asfixiada. En la autopsia aparece un tipo de lesión conocido como “petequias”, unos puntos de color rojizo que se deben al sangrado debajo de la piel. “La presencia de petequias está relacionada en algunos casos con la falta de oxígeno. La aparición de las petequias en este caso, junto con las lesiones antes descritas, nos hace pensar que podría haber existido un tipo de asfixia”, coincide Rubio.
Gustavo Salas Chávez, fiscal del Estado y hombre de confianza del gobernador Alfonso Durazo, ha señalado que la Fiscalía ha identificado el tipo de narcótico que ocasionó la muerte de la joven y descarta que se trate de fentanilo, como se apuntó en un inicio. Este periódico solicitó una entrevista con el fiscal, pero no recibió ninguna respuesta.
Briceida Arizona dijo hace unos días durante una entrevista con Uniradio Sonora que en el análisis toxicológico de Paula aparece la sustancia clonazepam, “mi hija no tomaba ese medicamento”, sostiene la mujer. Este periódico ha podido comprobar que en dicho análisis la única sustancia detectada es la que menciona la madre, sin embargo, en el informe no se hace referencia a la cantidad encontrada en el cuerpo de la joven.
“El clonazepam es una benzodiacepina que baja las funciones del sistema nervioso y puede ser utilizada como ansiolítico o relajante muscular, pero no produce una muerte por paro cardiaco”, apunta la doctora Silvia Cruz, experta en Farmacobiología. “Hay diligencias que sí se hicieron, pero que no son exhaustivas, como por ejemplo la cualificación de las sustancias halladas en el examen toxicológico. La autoridad está faltando al principio de oportunidad de la debida diligencia”, comenta la doctora Rubio.
Dos meses después de la muerte de Paula Josette sigue habiendo más preguntas que respuestas en torno al caso, pese al interés que parecen tener las autoridades en darle carpetazo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un preso tuviera acceso a un celular y redes sociales con las que contactaba a mujeres del exterior? ¿Por qué una mujer que no era ni su esposa ni su pareja pudo entrar a la visita conyugal sin una identificación oficial?¿Quién autorizó esa visita? ¿Por qué no había personal sanitario un domingo por la noche? ¿Por qué el personal de la cárcel tardó casi una hora en trasladar a la chica al hospital cuando la cárcel y el hospital están a 15 minutos en coche? y por encima de todo, ¿quién es responsable de la muerte de una civil en una cárcel cuando se supone que el Estado es garante de su vida?
Hasta el momento la Fiscalía ha imputado a siete personas por la muerte de la Paula Josette Arizona. Entre ellas, el director de la prisión Fernando ‘N’; el subcomandante de Seguridad, Christian Manuel ‘N’; la trabajadora social del Cereso, Blanca ‘N’; el conductor de la camioneta Víctor ‘N’ y dos oficiales penitenciarios, Juan Pedro ‘N’ y Evangelina ‘N’. Todos ellos en libertad bajo fianza y amparados ante un posible delito de homicidio imprudente. Para Briceida Arizona las imputaciones no son suficientes. “Pensaron que Paula no tenía mamá y que nadie iba a gritar por ella, pero no voy a parar hasta que se haga justicia”, afirma la mujer.