Madrid. El Parlamento español aprobó finalmente la nueva ley general de amnistía, presentada por la coalición del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, que pactaron con las fuerzas separatistas catalanas la aprobación de esta normativa a cambio del apoyo de esos grupos políticos a la investidura del presidente Pedro Sánchez para gobernar el país los próximos cuatro años.
Desde el separatismo catalán se recibió con euforia la medida y anunciaron el siguiente paso en su hoja de ruta: la celebración de un referendo de independencia, que permita alcanzar el objetivo final de la secesión del Estado español y la creación de una nueva República independiente y europea.
La votación fue ajustada, pero suficiente para la superación del primer trámite parlamentario de la ley: 178 votos a favor, frente a 172 en contra. Los partidos que respaldaron la ley son el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH-Bildu, Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el diputado independiente y ex ministro del gobierno socialista, José Luis Ábalos, que se dio de baja de su partido por el estallido de un caso de corrupción que le afecta de forma directa. Mientras que votaron en contra el conjunto de la derecha y la extrema derecha españolista, el Partido Popular (PP), Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria (CC).
La ley de amnistía ahora tendrá que ser sometida a debate y votación en la otra cámara legislativa, el Senado, donde será previsiblemente rechazada por la mayoría absoluta del PP en un par de meses. A partir de ahí tendrá que ser devuelta al Parlamento español, donde será refrendada definitivamente para su aprobación, que se hará efectiva cuando el Ejecutivo la redacte y la publique en el Boletín Oficial del Estado, probablamente a finales de mayo próximo, que es cuando entrará en vigor.
La legislación aprobada fue finalmente la que convenció en todos los puntos a la formación liderada por el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que exigió una serie de medidas que no estaban contempladas en el redactado original, entre ellas la incorporación de una serie de delitos y figuras penales, como el terrorismo sin vulnerar los derechos humanos y acorde a la legislación europea, la alta traición, la malversación de caudales públicos y la desobediencia. Además, Puigdemont solicitó la ampliación del periodo temporal de la aplicación de la ley, que abarcará desde finales del 2011 hasta finales del 2023.
Durante el debate parlamentario, que el gobierno señaló como la “ley más importante de la legislatura”, llamó la atención de la ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no fue el responsable de defender la norma en representación de su grupo parlamentario, que fue responsabilidad del vocero, Patxi López. El mandatario se limitó a publicar un mensaje en las redes sociales, en el que señaló que “es un paso valiente y necesario hacia el reencuentro. Con la aprobación de la ley amnistía abrimos un tiempo nuevo de convivencia y prosperidad en Cataluña”.
A pesar de que en los partidos del gobierno había por un lado euforia por la aprobación de la ley, también había cierta desazón porque una de las consecuencias indirectas de sacar adelante la amnistía era la apertura de un proceso negociador para los presupuestos generales del Estado, pero con el adelanto electoral en Cataluña, el gobierno de Sánchez finalmente decidió no abrir esa mesa negociadora ante su inminente fracaso ante la deriva electoral en la que están inmersos desde ayer los partidos independentistas catalanes.
Aún así, tanto la vocera de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, como de ERC, Gabriel Rufián, celebraron la legislación, pero también advirtieron que es tan sólo un paso más en la ruta que iniciaron hace unos años y que tiene como último fin la independencia de Cataluña. “Esto no es un punto y final. Seguiremos haciendo política de igual a igual buscando nuestro objetivo final, que es la independencia de nuestro país, de Cataluña”, señaló Nogueras.
En el lado opuesto, en el de la derecha y la extrema derecha españolista, la aprobación de la ley provocó cólera e indignación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que derogará la ley si logra forma gobierno en el futuro y advirtió que “esta ley se va a aprobar porque es la única forma de que el señor Sánchez siga siendo más tiempo presidente de Gobierno. No nos vengan con convivencia. Esta ley divide a España en dos y divide en Cataluña en dos. Esto no es reconciliación, sino sumisión”. Mientras que Santiago Abascal, de Vox, tildó la ley de “un colosal acto de corrupción” adoptado por una “banda de forajidos que han asaltado el Parlamento”.