Una inesperada decisión judicial ha inhabilitado electoralmente este miércoles a Donald Trump por su papel en la insurrección republicana en el Capitolio en enero de 2021. La jueza del circuito del condado de Cook, Tracie Porter, ha dado la razón a los votantes del estado que argumentaron que el expresidente debía ser descalificado en las primarias del próximo 19 de marzo y las presidenciales del 5 de noviembre, en las que previsiblemente se medirá con el demócrata Joe Biden, por violar la cláusula anti insurrección de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al instigar el violento asalto al Capitolio por una horda de partidarios suyos.
La jueza ha retrasado sin embargo la entrada en vigor del fallo a la espera de la apelación del expresidente y candidato republicano y de que se resuelva un caso similar, el de Colorado. Será el Tribunal Supremo de EE UU, con una mayoría conservadora apuntalada precisamente durante su mandato presidencial, y que ya escuchó los argumentos relacionados con la elegibilidad de Trump para votar el 8 de febrero, quien determine la legalidad de la medida adoptada en Colorado. Porter también remite a cualquier posible apelación por parte de los abogados de Trump, como ya hiciera tras la impugnación de Colorado. Su equipo no ha tardado ni un segundo en anunciar el recurso. “Es una sentencia inconstitucional que apelaremos rápidamente”, ha dicho esta tarde un portavoz de su campaña.
“La Junta Electoral del Estado de Illinois eliminará a Donald J. Trump de la boleta electoral para las elecciones primarias generales del 19 de marzo de 2024, o hará que se supriman los votos emitidos a su favor”, reza el fallo de la jueza. Su decisión se produce un mes después de que la impugnación de la candidatura de Trump fuera desestimada por la Junta Electoral del Estado de Illinois. En una votación unánime y bipartidista, la junta electoral desestimó el caso porque dijo que no tenía jurisdicción sobre el asunto.
Illinois es el tercer estado en el que Trump se ve expulsado de la papeleta electoral, después de Colorado y Maine, en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda de la Constitución. Pero esas decisiones quedaron en suspenso a la espera de la apelación del caso de Colorado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y de la resolución del recurso del propio Trump en los dos casos anteriores.
La Sección 3 prohíbe ocupar cargos públicos a cualquiera que haya jurado defender la Constitución de Estados Unidos -como hizo él mismo sobre la Biblia al asumir la presidencia, en 2017- y luego haya “participado en insurrección o rebelión contra la misma, o prestado ayuda o consuelo a sus enemigos”. La arenga de Trump a sus partidarios que precedió el asalto a la sede del Congreso se basó en infundadas acusaciones de fraude electoral en 2020 con el objetivo de impedir la certificación de la victoria electoral de Biden.
Trump pronunció aquel día un discurso incendiario, animando a sus seguidores a acudir al Capitolio y “luchar como el infierno.” Después, se inhibió durante horas y, pese a ser todavía presidente en funciones del país, no actuó ante las peticiones de intervención para frenar los actos de violencia de aquellos.