Si una elección se anula por intervención del crimen organizado o violencia generalizada, las autoridades electorales habrán fracasado por no tomar medidas a tiempo, afirmó el magistrado Felipe de la Mata.
“¿Se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? La respuesta es: sin duda. El marco normativo establece supuestos por las que se puede anular la elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o violencia generalizada.
“Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral. Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que esos eventos no sucedan”, apuntó.
En conferencia de prensa, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y De la Mata coincidieron en que existen algunos antecedentes que podrían tomarse en cuenta.
Sin embargo, reconocieron, deben contemplarse diversas circunstancias para anular una elección.
“(En Michoacán) las casillas en donde se comprobó que hubo una situación anómala, se anularon. Lo cual no llevó a la anulación general de la elección o de todas las elecciones porque fueron focalizados.
“Es importante dejar claro que el Tribunal no es una institución investigadora de casos. Nosotros resolvemos los medios de impugnación que llegan a esta instancia con los elementos que obran en el expediente”, aclaró.
Los magistrados no quisieron opinar sobre si el protocolo de seguridad para candidatos y las medidas adoptadas por el INE son suficientes, pues, argumentaron, el Instituto debe determinar los riesgos y acciones en la organización de la elección.
Sin embargo, De la Mata consideró que en aquellos lugares donde el organismo electoral observe problemas relacionados con el crimen organizado sí puede tomar medidas, como llevar las casillas a poblaciones cercanas.
Así como un resguardo especial de personal o papelería.
“¿Qué sí se puede hacer? Pues lo primero que es tener voluntad de hacer algo, es el inicio de la solución de cualquier conflicto. Es momento de pensar en soluciones creativas dentro del marco constitucional”, dijo.
Afirmó que al menos él no requiere seguridad, pero a quienes se les debería preguntar si necesitan protección es a magistrados y consejeros locales.
Fuentes aclaró que como jueces, la Constitución les marca pautas para nulidades por temas de violencia o seguridad.
“No nada más se identifica el hecho generador, por ejemplo, de violencia política generalizada, sino que tenemos que ubicar cómo trasciende hacia el resultado de la elección. Y eso es lo que hicimos en el caso de Michoacán.
“También que ha exigido menos a los actores para probar hechos de carácter violento o intervención del crimen organizado. Hemos bajado el estándar probatorio, y esa es una política judicial que se mantendrá a lo largo de estas decisiones que tendremos que tomar en los próximos procesos electorales”, añadió.