Tomado de El Universal
Everardo Martínez
Diciembre 8 de 2023
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) exhibió en un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha alcanzado un uso inédito de fideicomisos en el uso de recursos públicos, acción que fue criticada anteriormente por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La participación de la Sedena en proyectos de infraestructura no es reciente; sin embargo, su magnitud es inédita. De acuerdo con su titular, entre 2019 y 2023, el número de obras en las que ha participado la Secretaría asciende a 2 mil 8231, lo que constituye un aumento significativo si se considera que entre 2006 y 2018 la institución incursionó en la construcción de 851 obras civiles y militares“, apuntó la institución en un reporte.
Al analizar la participación de la Sedena en la obra pública, el IMCO identificó que los principales riesgos asociados con esta tendencia son: opacidad en el uso de recursos presupuestales, falta de transparencia en sus convenios de colaboración.
Así como irregularidades en el ejercicio del gasto, la reserva de información por razones de seguridad nacional y la falta de información referente a la subcontratación para la construcción.
En esta administración, el Gobierno Federal y el Poder Legislativo orquestaron la desaparición de 109 fideicomisos en 2020, por supuesta corrupción y opacidad en el uso de ejercicio público de recursos.
Advierte opacidad en torno a construcción de obras civiles
El IMCO recordó que la participación de la Sedena en obras públicas está dentro del marco legal; sin embargo, la construcción de obras civiles se desarrolla en un contexto de opacidad en varios aspectos.
En ese sentido señaló que, primero, no es posible conocer, de forma completa y detallada, las condiciones en las cuales la Sedena subcontrata a otros actores para cumplir con los tiempos en los proyectos de obra pública.
En segundo lugar, existe opacidad en los recursos que la Sedena destina a la construcción de obras para otras instituciones públicas bajo la figura de convenios de colaboración.
Refirió que la Sedena ejerce recursos para la construcción de obra pública con su propio presupuesto y los recursos de otras instituciones. Cuando utiliza su propio presupuesto para construir, lo ejerce a través de dos modalidades:
La primera en obras públicas en bienes propios en los que, por ejemplo, solo se transparentaron en 2022 montos equivalentes a 67% del gasto total reportado en la Cuenta Pública con este concepto.
La segunda, a través del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), donde es posible observar un incremento significativo en su saldo disponible en 2019.
Sus egresos, sin embargo, no siguieron la misma tendencia hasta 2021, periodo en el que se gastaron 31 mil 874 millones de pesos destinados, en su mayoría, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
“En 2022 y 2023 estos niveles de egresos se han mantenido en un nivel inferior -pero alto- y es imposible conocer cómo se ejercieron esos recursos”, acusó.
Convenios de colaboración
Pero el IMCO apunta que aún mayor, es el monto dedicado a obra pública que ha gestionado la Sedena desde 2019 y que proviene de recursos de otras instituciones que son entregados a dicha Secretaría a través de convenios de colaboración.
Esta modalidad ha permitido su participación en la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar, hospitales civiles y la construcción y gerencia de acueductos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El monto total transferido a través de convenios de colaboración con la Sedena para desarrollar obra pública entre 2019 y 2022 es de, al menos, 191 mil millones de pesos.
“La gestión de obra pública de la Sedena no solo ha sido opaca en el ejercicio de recursos públicos, sino que ha tenido irregularidades como pagos indebidos, tanto en la adquisición de materiales como en la nómina”, resumió el Instituto.
Propuesta del IMCO
Ante esta situación, el IMCO propone que se deben transparentar las obras públicas en bienes propios que la Sedena considera no clasificadas por temas de seguridad nacional.
También, exigir desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) referente a los convenios de colaboración firmados entre la Sedena y otras instituciones sea completa y detallada.
Además, sugiere reformar desde el Poder Legislativo el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar para que sean dos fondos con distintas reglas de operación los que permitan adquirir armamento de manera confidencial y ahorren los recursos que en caso de emergencia podrán utilizarse para que el Ejército cumpla su papel como constructor en casos fortuitos.
Finalmente, planteó fortalecer las capacidades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a fin de que retome el rol como institución principal encargada de la infraestructura nacional.